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La justicia y la lengua: intervenciones, variantes y el peso cultural del diccionario

Foto del escritor: Nuria Gómez BelartNuria Gómez Belart

Actualizado: 19 ene

El conflicto: una orden judicial contra una acepción del diccionario

En septiembre de 2024, se desató una polémica en la Argentina cuando el juez Ariel Lijo dictó una resolución que ordenaba a la Real Academia Española (RAE) eliminar del Diccionario de la lengua española la quinta acepción de la palabra “judío”, definida como “persona avariciosa o usurera”. La medida también incluyó el bloqueo temporal del acceso al sitio web de la institución en el territorio argentino. Según el magistrado, esta definición perpetuaba estereotipos negativos hacia la comunidad judía y era incompatible con los principios de no discriminación.

Por años, la acepción en cuestión ha sido objeto de controversias, ya que, aunque está marcada como un uso coloquial propio de España, muchos la consideran ofensiva y anacrónica. Sin embargo, la RAE siempre ha defendido que su labor es descriptiva, y refleja los usos reales del idioma, y no prescriptiva, lo que significa que no fomenta los significados incluidos en su obra.


Una balanza sobre el libro, el equilibrio entre la intervención judicial y el conocimiento lingüístico

Una medida cuestionable: reacciones y debates

El caso adquirió notoriedad internacional, no solo por la naturaleza de la orden, sino porque la RAE afirmó que nunca fue notificada formalmente sobre esta decisión judicial. Esto plantea dudas sobre cómo se esperaba que la institución cumpliera con la medida y sobre la viabilidad de una intervención judicial en una obra académica que se publica y consulta en todo el mundo.

Mientras tanto, el bloqueo temporal del sitio web generó críticas y reavivó debates sobre la relación entre la libertad de expresión, el lenguaje y la protección contra discursos discriminatorios. La acción del juez Lijo se interpreta como un intento de regular los significados que el diccionario refleja, lo que conlleva enfrentar el peso cultural y simbólico del idioma con la sensibilidad social ante términos que pueden resultar ofensivos.

Hace unos días, en la Revista Ñ del diario Clarín, Alicia María Zorrilla, Presidenta de la Academia Argentina de Letras, se refirió a la polémica. Explicó que la RAE, como institución responsable del diccionario, no había sido notificada oficialmente sobre la decisión judicial. Aclaró que los significados registrados en el diccionario no implican juicios de valor ni intenciones discriminatorias, sino que reflejan el uso real del idioma, y eso incluye expresiones históricas o coloquiales documentadas en diferentes contextos.

Zorrilla señaló que el diccionario tiene una función descriptiva, no normativa, y que eliminar definiciones por presiones externas distorsionaría el registro fiel del idioma tal como se usa. Respecto a la acepción específica, explicó que está marcada como coloquial y específica de España, lo cual delimita su uso y contexto.


Más allá del diccionario: el verdadero desafío

La decisión de iniciar una causa penal en torno a una acepción plantea interrogantes sobre la relación entre justicia, lenguaje y cultura. En este caso, la definición refleja un uso regional y limitado, lo que invita a reflexionar sobre el impacto real de intervenir judicialmente en un registro lingüístico que trasciende fronteras y responde a contextos históricos, culturales y geográficos ajenos. También cabe preguntarse cuánto costo económico y simbólico supone para un país involucrarse en este tipo de litigios y si los resultados realmente aportan beneficios tangibles.

Esta polémica no es un caso aislado. Otros términos en el diccionario —como “gitano” asociado con “trapacero” o “negro” utilizado despectivamente en la Argentina— han generado críticas similares. En lugar de cuestionar la existencia de ciertas definiciones en un libro, el debate debería enfocarse en educar sobre el impacto de ciertas palabras y transformar su uso cotidiano con un enfoque ético. Cuando dejen de usarse los términos, serán eliminados del diccionario por la simple evolución de la lengua.


La responsabilidad de los hablantes

Más allá de lo señalado, cabría cuestionarnos por qué nos preocupa tanto lo que figura en el Diccionario de la lengua española. En Argentina, somos nosotros quienes conferimos autoridad a esta obra y decidimos interpretarla como una regla vinculante, cuando en realidad es un registro descriptivo. Está en nuestras manos decidir cómo utilizamos el lenguaje y qué valores transmitimos. Las academias registran, pero nosotros determinamos el impacto real de esas expresiones al usarlas o rechazarlas.

El diccionario no impone usos ni cambia actitudes; esa responsabilidad recae en los hablantes. Si bien es válido exigir mayor sensibilidad en el registro lingüístico, es más importante construir nuestra identidad cultural y lingüística sin depender exclusivamente de instituciones externas. En lugar de buscar respuestas en las páginas de un libro, tal vez sea más productivo dirigir la energía hacia la transformación de las prácticas lingüísticas en el día a día.

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