La claridad textual es un derecho ciudadano y una obligación institucional. La norma ISO 24495-1 establece cuatro principios: propósito y destinatarios, estructura y navegación, lenguaje y estilo, y diseño de la información. El corrector de textos profesional es quien mejor los garantiza: diagnostica la macroestructura, organiza la información, ajusta el lenguaje y cuida la presentación. Su tarea convierte la claridad en una práctica efectiva y en una garantía de comprensión.