El artículo propone una mirada sobre el lenguaje claro como política pública y gesto democrático: no solo como técnica de mejora textual, sino como herramienta para reducir barreras de comprensión, fortalecer la confianza institucional y garantizar el acceso efectivo a los derechos. Desde América Latina, plantea que la claridad debe ir acompañada de empatía para reparar desigualdades y construir vínculos más justos entre Estado y ciudadanía.

La claridad textual es un derecho ciudadano y una obligación institucional. La norma ISO 24495-1 establece cuatro principios: propósito y destinatarios, estructura y navegación, lenguaje y estilo, y diseño de la información. El corrector de textos profesional es quien mejor los garantiza: diagnostica la macroestructura, organiza la información, ajusta el lenguaje y cuida la presentación. Su tarea convierte la claridad en una práctica efectiva y en una garantía de comprensión.