Revisar los textos en la administración pública no es un detalle menor, sino un acto de responsabilidad institucional. Un documento confuso genera demoras, errores y desconfianza, mientras que uno bien revisado facilita trámites, garantiza derechos y fortalece el vínculo con la ciudadanía. La revisión implica pensar en quien lee, eliminar obstáculos y asegurar que la información sea clara, accesible y comprensible antes de publicarse.

Las fórmulas ritualizantes del lenguaje administrativo, como “en virtud de ello” o “a tenor de lo dispuesto”, parecen inofensivas pero actúan como barreras que oscurecen el mensaje y alejan a la ciudadanía. Más que solemnidad, generan incomprensión, desigualdad y desconfianza. Superarlas exige aplicar principios de claridad y formalismo atenuado, sustituyendo los giros vacíos por explicaciones accesibles que fortalezcan la legitimidad del Estado.