Las fórmulas ritualizantes del lenguaje administrativo, como “en virtud de ello” o “a tenor de lo dispuesto”, parecen inofensivas pero actúan como barreras que oscurecen el mensaje y alejan a la ciudadanía. Más que solemnidad, generan incomprensión, desigualdad y desconfianza. Superarlas exige aplicar principios de claridad y formalismo atenuado, sustituyendo los giros vacíos por explicaciones accesibles que fortalezcan la legitimidad del Estado.

La claridad textual es un derecho ciudadano y una obligación institucional. La norma ISO 24495-1 establece cuatro principios: propósito y destinatarios, estructura y navegación, lenguaje y estilo, y diseño de la información. El corrector de textos profesional es quien mejor los garantiza: diagnostica la macroestructura, organiza la información, ajusta el lenguaje y cuida la presentación. Su tarea convierte la claridad en una práctica efectiva y en una garantía de comprensión.