Revisar los textos en la administración pública no es un detalle menor, sino un acto de responsabilidad institucional. Un documento confuso genera demoras, errores y desconfianza, mientras que uno bien revisado facilita trámites, garantiza derechos y fortalece el vínculo con la ciudadanía. La revisión implica pensar en quien lee, eliminar obstáculos y asegurar que la información sea clara, accesible y comprensible antes de publicarse.

La lítote, al afirmar mediante la negación de lo contrario, complica la comprensión y la memoria de textos legales, administrativos y de seguros. Estudios citados por Coleen Trolowe muestran que estas estructuras aumentan la carga cognitiva y dificultan retener la información. Liezl van Zyl propone probar documentos con usuarios para detectar obstáculos y reescribir en positivo. Evitar lítotes mejora la claridad, la confianza y la usabilidad de los mensajes.

Las siglas, como las pecas, se multiplican en los textos, pero una rutina de cuidado ayuda a reducirlas y a ganar claridad. El gobierno de Victoria, en Australia, ofrece un ejemplo: páginas web que responden de inmediato a las preguntas del público, con títulos claros e instrucciones simples. La claridad no es enemiga de la creatividad: es una disciplina que libera a quien escribe y acerca la información a quienes la necesitan.

La claridad textual es un derecho ciudadano y una obligación institucional. La norma ISO 24495-1 establece cuatro principios: propósito y destinatarios, estructura y navegación, lenguaje y estilo, y diseño de la información. El corrector de textos profesional es quien mejor los garantiza: diagnostica la macroestructura, organiza la información, ajusta el lenguaje y cuida la presentación. Su tarea convierte la claridad en una práctica efectiva y en una garantía de comprensión.