-ENTE, inclusividad y reducción semántica en la comunicación institucional

En los últimos años, el sufijo -ente adquirió una visibilidad particular en la comunicación institucional, administrativa y legal. Formas como personas gestantes, personas menstruantes o seres sintientes comenzaron a circular con la intención explícita de evitar sesgos de género y de ampliar el alcance inclusivo del discurso. Sin embargo, más allá de la motivación que impulsa estos usos, resulta pertinente analizar sus efectos semánticos, pragmáticos y de accesibilidad. El problema no reside en la legitimidad social del debate, sino en las consecuencias lingüísticas que estas elecciones producen en textos cuya función principal es informar, regular o garantizar derechos.

El sufijo -ente tiene una historia gramatical precisa. Proviene del participio activo del latín y dio lugar en español a una serie de adjetivos y sustantivos que designan, de manera prototípica, a quien realiza una acción o se encuentra en una actividad en curso. Palabras como estudiante, docente o cantante conservan ese valor originario: remiten a un sujeto definido por lo que hace. Esta herencia verbal explica su productividad y su capacidad para expandirse a distintas conjugaciones. No obstante, esa misma carga semántica plantea límites claros cuando se traslada a la denominación de personas en función de rasgos biológicos, condiciones transitorias o capacidades atribuidas.

En el ámbito institucional, donde la precisión conceptual y la claridad para públicos diversos son condiciones básicas, la extensión indiscriminada de estas formas obliga a revisar qué se gana y qué se pierde en términos de sentido.

Del participio a la categoría identitaria

Desde el punto de vista gramatical, los adjetivos en -ente mantienen una relación estrecha con la idea de actividad. Incluso cuando funcionan como sustantivos, conservan un valor dinámico que remite a una acción o a un proceso. Estudiante designa a quien estudia; dirigente, a quien dirige; interviniente, a quien interviene. Esta lógica resulta coherente cuando la acción define el rol relevante en el discurso.

El problema aparece cuando estas formas se utilizan para nombrar personas a partir de un único rasgo, desligado de una acción en sentido estricto o reducido a una condición fisiológica. En expresiones como personas gestantes o personas menstruantes, el adjetivo verbal no describe una actividad voluntaria ni un rol social, sino un proceso biológico transitorio. El lenguaje, en este caso, opera una reducción semántica: la persona queda definida por un solo atributo, elevado a categoría denominativa.

Esta reducción no es neutra desde el punto de vista discursivo. En textos administrativos y legales, donde la denominación cumple una función clasificatoria con efectos prácticos, definir a un colectivo exclusivamente por una condición puede generar ambigüedad, imprecisión o exclusiones no previstas. No todas las personas que pueden gestar están gestando, ni todas las personas que menstrúan lo hacen de manera continua o relevante para el acto administrativo en cuestión. La forma lingüística, al fijar una propiedad como rasgo definitorio, introduce una simplificación que no siempre se ajusta a la complejidad del referente.

Algo similar ocurre con expresiones como seres sintientes. Desde el punto de vista etimológico y semántico, sintiente remite a la capacidad de sentir, pero su uso generalizado en textos normativos suele funcionar como un calco conceptual que no siempre resulta transparente para la ciudadanía. La noción de sintiencia, tomada de marcos teóricos específicos, se traslada al discurso institucional sin mediaciones explicativas, lo que afecta la accesibilidad del texto y su comprensión efectiva.

Precisión conceptual, accesibilidad y función del texto

En la comunicación institucional, la elección léxica no puede evaluarse únicamente por su corrección formal ni por su adecuación a debates sociales amplios. Debe analizarse, además, en relación con la función del texto y con el público al que se dirige. Los documentos administrativos y legales no buscan construir identidades, sino establecer derechos, obligaciones, procedimientos y garantías de manera clara y verificable.

Desde esta perspectiva, el uso de adjetivos verbales en -ente para nombrar colectivos plantea varios problemas. En primer lugar, introduce una abstracción innecesaria. Expresiones como personas gestantes requieren un esfuerzo interpretativo mayor que formulaciones más directas, sin aportar una ganancia informativa proporcional. En segundo lugar, desplazan el foco desde la condición jurídica o administrativa relevante hacia una característica que no siempre resulta pertinente para el acto comunicativo.

La accesibilidad se ve afectada cuando el texto exige conocimientos previos para interpretar términos que no forman parte del léxico común. En estos casos, la claridad no se logra por acumulación de tecnicismos, sino por la adecuación del vocabulario al destinatario. Un lenguaje que busca no ofender puede terminar excluyendo a quienes no logran comprenderlo con facilidad.

Además, la generalización de estas formas corre el riesgo de homogeneizar realidades diversas bajo una etiqueta única. En lugar de ampliar el alcance del discurso, puede producir el efecto contrario: invisibilizar diferencias relevantes o generar confusión sobre a quiénes se aplica una norma o un beneficio. La precisión conceptual, en este sentido, no es incompatible con la sensibilidad social, pero exige un trabajo lingüístico cuidadoso y situado.

El desplazamiento del debate desde lo ideológico hacia lo semántico permite analizar estas cuestiones con mayor claridad. No se trata de discutir intenciones, sino de evaluar efectos. La pregunta central no es qué se quiere decir, sino qué se dice efectivamente cuando se elige una forma determinada.

Nombrar sin reducir: una exigencia del lenguaje institucional

El análisis del sufijo -ente en la comunicación institucional pone de relieve un principio clave: no toda forma disponible en la lengua es adecuada para cualquier función discursiva. La historia gramatical del español explica la productividad de estos adjetivos verbales, pero también señala sus límites semánticos. Cuando se utilizan para definir personas por un único rasgo, se produce una reducción que puede resultar problemática en textos que deben ser claros, inclusivos y jurídicamente precisos.

Nombrar de manera responsable implica considerar qué aspecto del referente es relevante para el texto y cuál no. En documentos administrativos y legales, la denominación debe servir a la comprensión y a la aplicación efectiva de la norma, no a la condensación simbólica de debates externos al texto. La claridad se construye mediante elecciones léxicas que respetan la complejidad de los sujetos sin diluirla en etiquetas reductoras.

Pensar el uso de -ente desde esta perspectiva permite recuperar una noción de inclusividad ligada a la accesibilidad y a la precisión conceptual. Nombrar sin reducir no es una renuncia, sino una exigencia del lenguaje institucional cuando asume plenamente su función comunicativa y su responsabilidad frente a la ciudadanía.