Revisar los textos en la administración pública no es un detalle menor, sino un acto de responsabilidad institucional. Un documento confuso genera demoras, errores y desconfianza, mientras que uno bien revisado facilita trámites, garantiza derechos y fortalece el vínculo con la ciudadanía. La revisión implica pensar en quien lee, eliminar obstáculos y asegurar que la información sea clara, accesible y comprensible antes de publicarse.

La lítote, al afirmar mediante la negación de lo contrario, complica la comprensión y la memoria de textos legales, administrativos y de seguros. Estudios citados por Coleen Trolowe muestran que estas estructuras aumentan la carga cognitiva y dificultan retener la información. Liezl van Zyl propone probar documentos con usuarios para detectar obstáculos y reescribir en positivo. Evitar lítotes mejora la claridad, la confianza y la usabilidad de los mensajes.

Las fórmulas ritualizantes del lenguaje administrativo, como “en virtud de ello” o “a tenor de lo dispuesto”, parecen inofensivas pero actúan como barreras que oscurecen el mensaje y alejan a la ciudadanía. Más que solemnidad, generan incomprensión, desigualdad y desconfianza. Superarlas exige aplicar principios de claridad y formalismo atenuado, sustituyendo los giros vacíos por explicaciones accesibles que fortalezcan la legitimidad del Estado.

Las siglas, como las pecas, se multiplican en los textos, pero una rutina de cuidado ayuda a reducirlas y a ganar claridad. El gobierno de Victoria, en Australia, ofrece un ejemplo: páginas web que responden de inmediato a las preguntas del público, con títulos claros e instrucciones simples. La claridad no es enemiga de la creatividad: es una disciplina que libera a quien escribe y acerca la información a quienes la necesitan.

El Ministerio de Educación de Nueva Zelanda mostró cómo las preguntas pueden ser un recurso poderoso en la escritura institucional. En un documento finalista de los Premios al Lenguaje Claro, 33 de 34 encabezados eran preguntas que reflejaban las dudas reales de las familias sobre la privacidad escolar. Lejos de ser ingenuas, las preguntas captaron interés, generaron empatía y facilitaron la lectura, demostrando que lo simple también puede ser eficaz.

La claridad textual es un derecho ciudadano y una obligación institucional. La norma ISO 24495-1 establece cuatro principios: propósito y destinatarios, estructura y navegación, lenguaje y estilo, y diseño de la información. El corrector de textos profesional es quien mejor los garantiza: diagnostica la macroestructura, organiza la información, ajusta el lenguaje y cuida la presentación. Su tarea convierte la claridad en una práctica efectiva y en una garantía de comprensión.

En un mundo en el que cualquiera puede abrir un perfil profesional y declararse “experto” en corrección o lenguaje claro, distinguir...